La Conciliación Previa en el SMAC viene impuesta por la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y persigue alcanzar un acuerdo entre empresarios y trabajadores ante las reclamaciones de índole laboral, con el fin de evitar el pleito, siempre como requisito previo al procedimiento judicial.

Las cuestiones que deben someterse a conciliación administrativa previa, ante el SMAC, son aquellas relacionadas con el contrato de trabajo suscrito entre empresarios privados (incluidas las empresas públicas con forma de Sociedad Anónima) y trabajadores relativas a:

• despido,
• sanciones disciplinarias,
• reclamaciones de cantidad y reconocimiento de derechos en general,
• clasificación profesional,
• resoluciones de contrato a instancia del trabajador,
• conflictos colectivos.

Están exceptuados del requisito de la conciliación o mediación previa, y por tanto habrán de presentar, directamente, DEMANDA ante los Juzgados de lo Social o Sala del Tribunal competente, los procesos siguientes:

• Los que exijan la "Reclamación Previa en Vía Administrativa" u otra forma de agotamiento de la misma.
• Los que versen sobre Seguridad Social.
• Los relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores.
• Los relativos al disfrute de vacaciones (en los que no haya acuerdo entre empresa y trabajador o trabajadores sobre la fecha del disfrute de las mismas).
• Los relativos a materia electoral.
• Los de movilidad geográfica.
• Los de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
• Los de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
• Los de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.
• Los iniciados de oficio.
• Los de impugnación de convenios colectivos.
• Los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación.
• Los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
• Los de anulación de laudos arbitrales.
• Los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones.
• Aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género.
• Aquellos en que siendo parte demandada el Estado u otro ente público también lo fueren personas privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al trámite de reclamación previa en vía administrativa o a otra forma de agotamiento de la misma y en éste pudiera decidirse el asunto litigioso.

Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, después de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuere necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.

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